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Aspectos Tributarios de la Insolvencia empresarial

Aspectos Tributarios

Consideraciones importantes de la Ley de Insolvencia o del Estatuto Tributario

En asuntos tributarios relacionados con procesos de insolvencia empresarial, es importante tener presente, que de la debida o indebida atención de la Ley de Insolvencia o del Estatuto Tributario se obtienen los beneficios o las consecuencias negativas que se causan para el patrimonio de la empresa o el inicio de responsabilidad para los administradores de la empresa, como son el representante legal o el contador de la misma.

Desconocer estas normas concursales o tributarias conlleva no poder obtener los beneficios que concede la nueva normatividad de insolvencia de emergencia, e igualmente la normatividad contenida en el Estatuto Tributario, que aun siendo transitorias algunas normas del Decreto de Emergencia, se  podría ahorrar una buena cantidad de dinero a las finanzas de la compañía. De igual forma, desconocer las normas contenidas en el Estatuto Tributario podría acarrear consecuencias nefastas para el representante legal y el revisor fiscal como la responsabilidad penal, o incluso, si la compañía está iniciando el proceso de reorganización y en alguna de las auditorias solicitadas como objeción por los acreedores, se descubren irregularidades de tipo contable como argucias de encubrimiento de activos, se da por terminado el proceso de reorganización y se liquida la empresa por adjudicación, castigando severamente a los administradores de la empresa. Algunas de las consecuencias son de carácter penal o civil, así como el no poder ejercer actividades comerciales o profesionales por un término de 10 años.

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Requisitos Fundamentales para solicitar la ley de insolvencia

Es fundamental estar al tanto de lo crítico que puede llegar a ser incumplir normas  tributarias  en la insolvencia. Uno de los requisitos a cumplir es la retención en la fuente, que es una obligación anticipada de recaudo de recursos que se paga a autoridades fiscales como la DIAN o los parafiscales al sistema de seguridad social para los empleados. El cumplimiento de esta  obligación se debe analizar antes de radicar el proceso de insolvencia, y posterior a ser admitido, si el resultado del análisis es una deuda ya causada, antes de solicitar la admisión, es una ventaja de momento ya que se está autofinanciando por unos pocos meses, aunque este incumplimiento se convierte en un presupuesto para acceder a la insolvencia. Una vez admitido por la Supersociedades, podría configurarse en una desventaja para el deudor pues si no se paga en el término, no se puede lograr el acuerdo de reorganización. La situación es distinta cuando estas retenciones se causan después de la admisión y su tratamiento es un gasto administrativo que se deberá clasificar dentro de los acreedores de primera categoría; significa que serían los rubros a pagar en ese orden de prelación.

En lo referente al IVA descontable que está a favor de la empresa en la DIAN, esta entidad puede utilizarlos para pagar las acreencias de impuestos y así dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006. En materia de renta presuntiva, las empresas que logren el acuerdo quedan exentas de esta obligación por el término de tres años contados desde la fecha del acuerdo. Igualmente, se cumple lo mismo con las empresas en procesos de liquidación judicial. Para evaluar cuál sería el beneficio se debe tener en cuenta el tamaño del patrimonio líquido de la empresa, las deducciones a la base de cálculo y ya obtenida se aplica el porcentaje de renta presuntiva (para el año de 2020 la tarifa de presunción en la renta esta establecida en una tarifa de 0.5%).

En materia de saldos a favor por conceptos de retención, se podrá solicitar la devolución por retención en la fuente que haya sido realizada por la DIAN por cualquier concepto. Las empresas en acuerdos de reorganización, dentro de los primeros tres años en asuntos de retención y autorretención, no estarán obligados a esta obligación. Transitoriamente, para el periodo fiscal de 2020, solo están sometidas a la retención en la fuente del 50% a título de IVA que se origine en los agentes de retención.

Beneficios tributarios concedidos en la Ley 1116 de 2006 y en el nuevo Decreto de Emergencia

Habría que realizar cálculos internos  en la empresa para determinar si se originan flujos de caja favorables. Ahora revaluamos ¿cuáles serian los beneficios con respecto a las deudas fiscales o impuestos adeudados a la DIAN incluso a entidades territoriales? El tratamiento que determina la Ley 1116 de 2006 es que los intereses de mora ya no se aplican a las obligaciones mencionadas. Esto significa que el ahorro para las finanzas de la empresa es enorme. Visto en un ejemplo concreto tenemos que: una tasa de interés de mora para deudas fiscales es del  orden de un 28% anual en términos normales sin tomar en cuenta que transitoriamente la tasa esté rebajada por aprobación de la ley de crecimiento; entonces tendríamos que siendo aprobado el acuerdo de la empresa la DIAN se someterá a una tasa de DTF de 5.5 más un punto. Esto únicamente aplica si el proceso se realiza en términos normales de la ley 1116, porque si se realiza como proceso de emergencia se tendría que lograr una tasa igual de favorable siempre y cuando se obtenga una excelente negociación o siempre que el valor de las acreenciar de los acreedores de primer orden logrará determinar la tasa para la DIAN. En todo caso, bajo cualquier escenario que se logre es favorable para la empresa.

Ahora bien, con el Decreto de Emergencia se estableció que la DIAN puede ofrecer descuentos a las empresas en procesos de reorganización para fortalecer su capacidad de negociación. Se podrían recibir rebajas en sanciones a impuestos por intereses de mora.

En los impuestos de registro en las adjudicaciones que resulten por dación en pago o por reformas estatutarias, estas serán determinadas como sin cuantía.

Lo relacionado con deudas por concepto de IVA recaudado y pagado a la empresa es un tema muy delicado. Si estos fueron anteriores al inicio del proceso de insolvencia o antes de la liquidación judicial se podría evitar la sanción penal que establece el Código Penal siempre y cuando no se haya iniciado una noticia criminal para algunos especialistas en derecho penal o para otros que no hayan llegado a la primera audiencia penal de imputación del delito de omisión de agente retenedor por retención de IVA. En todo caso, ambas situaciones deberían evitarse al máximo. Ahora bien, como prevención es valioso enterarse que de ser condenado por el delito referenciado, la pena mínima es de aproximadamente 48 meses y tendría su cumplimiento en el domicilio del infractor, a lo cual se suma una sanción pecuniaria del doble del valor que se quedó adeudando, tal como establece el código penal.

De lo anterior, son variados los incentivos que se activan al ser logrado el acuerdo de reorganización empresarial. Existen más normas tributarias relacionadas con la insolvencia empresarial, algunas que están expresamente determinadas en el Estatuto Tributario y otras en el Decreto de Emergencia.

Si se encuentra interesado en acogerse a la Ley de Insolvencia 1116, contáctenos. Con gusto lo asesoramos en aspectos contables, jurídicos y financieros, realizamos evaluación de las condiciones financieras. Visite nuestras Lineas de Servicios

Dr. Sergio Estévez Jaimes
Dr. Sergio Estévez Jaimes
Abogados consultores en Derecho Económico, especializados en: Derecho de insolvencia empresarial y tributario. Bucaramanga, Colombia.

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